Reflexiones sobre el Gasto Público (La Nación, junio de 1982)

Reflexiones sobre el Gasto Público

1982

Miguel de Oromí

La Nación

En los últimos meses, práctica­mente todas las declaraciones de representantes empresarios, ya sean industriales o agropecuarios, así como también una gran mayoría de los comentarios hechos en la prensa por analistas políticos y económicos, se refieren al gasto público. Con una unanimidad a la que no estamos acostumbrados coinciden en la necesidad que el equipo económico practique una sustancial reducción del mismo. 

Las críticas se centran en que se ha sido sumamente gradual en la solución del problema, en contraposición con una verdadera política de shock en materia de recau­daciones.

Las principales consecuencias que la persistencia de este nivel de gasto provoca en la economía son las siguientes: a) tasas de interés nominales sumamente altas, debi­do a la demanda de crédito del Estado;b) esta tasa de interés, al ser más alta que la internacional, provoca afluencia de dólares que deprimen su valor. También, al desestimular el proceso de forma­ción de stocks, disminuyen las im­portaciones y por lo tanto la de­manda de divisas, lo cual coadyu­va a deprimir el tipo de cambio; c) aumento de la presión imposi­tiva a niveles desestlmulantes pa­ra la producción, y d) ineficiencia en los servicios que se propaga a toda la economía, generando nue­vos costos a los particulares y al propio Estado, así como incalculables lucros cesantes. 

Para los in­dustriales esto los descoloca cada vez más en el mercado interno al tener que competir con productos provenientes de países que no tie­nen que sobrellevar esta pesada carga. Por la misma razón se les hace más difícil aún la conquista de nuevos mercados en el exterior.

El debate en si es sumamente positivo. Es muy posible que del mismo surjan importantes defini­ciones en cuanto al papel del Es­tado en la actividad del país. Los industriales y los productores agro­pecuarios tienen aquí un tema ideal para unirse y superar la antinomia campo vs. industria, que tanto mal ha hecho a ambos sec­tores, pues en la actualidad ese debate es estéril; ninguno de los dos podrá desarrollarse de no en­contrar una adecuada solución al problema.

Es mérito de las actuales autoridades políticas haber creado este debate, aunque la forma que lo hicieron -aumentar los im­puestos- duela a muchos. Hoy la gente es más consciente del costo del Estado y apura al ministro de Economía. Si se hubiera optado por financiar el déficit con falsi­ficación de moneda, como se hizo tantos años, especialmente en 1975, posiblemente esta toma de concien­cia no existiría.

A continuación expongo algunas ideas básicas que creo de utilidad para encarar una adecuada política de reducción de los gastos del Estado.

Los objetivos

l. - El gasto público debiera ser re­ducido al nivel que tenía en el promedio de los años 1967-1972.

Si durante estos seis años hubo un aceptable nivel de realizacio­nes en materia de obras públicas, aceptable tasa de desocupación (5,6 %), inflación a niveles histó­ricos (27 %), aumento de produc­to bruto razonable (5,2 %), bajo una administración militar, no hay por qué pensar que un nivel de gastos como el de aquellos años -bastante cercanos por cierto­- provocará una disminución en can­tidad y calidad de servicios. Si el país funcionó durante seis años con este nivel de gasto público, no tiene porqué no funcionar con niveles parecidos. Este debiera ser el primer objetivo a establecer. Un primer paso. Por lo tanto, todos aquellos organismos que tengan funciones similares o muy parecidas a las que tenían en 1972 (la gran mayoría) deberán retrotraerse al nivel de gastos del promedio de los años 1967-1972 (en su defecto se puede tomar el año 1970).

La tarea de eliminar el aumento de gastos producidos entre 1973 y 1975 es enorme. Dicho aumento equivale al 70 % del valor agrega­do por el sector agropecuario en 1977.

 

Dicho de otra manera, se ne­cesita utilizar todo el valor gene­rado en la producción de todos los cereales, oleaginosos, cultivos in­dustriales, incluido a la producción de la caña de azúcar y vid, frutas, hortalizas, flores, lana, leche, la producción porcina, ovina, aviar y la miel, para tener una cifra com­parable al aumento en los gastos introducidos en estos tres años.

Las cifras concretas de reducción de gasto público a poner como objetivo se desarrollan en el  cuadro siguiente

2-El objetivo de reducción del gasto público señalado en el punto anterior (8,7% S/PBI) debe ser alcanzado en el presupuesto de 1982.

En general es mucho más facil perder la voluntad que recuperarla. En Economía, todos sabemos que es mucho más fácil cometer dislates que arreglarlos. Pero ¿Qué medida podemos utilizar para saber cuándo debiera estar eliminado el problema creado por los tres años de demagogia irresponsable? Veamos:

Entre 1968 y 1970, la administración del general Ongania logró re­ducir el gasto público en sólo un 10 % de lo que aumentó en el pe­ríodo 1973-1975 (1 % de reducción vs. 10 % de aumento del PBI). En­tre 1976-1978 se logró reducir el 3 por ciento de lo que aumentó el gobierno anterior (0,3 % de reduc­ción vs. 10 % de aumento del PBI). Si en tres años se ellminó sola­mente el 3 % del exceso de gastos introducido por el peronlsmo, hay que multiplicar la energía en la acción nada menos que por 33, si se quiere cumpllr con el objetivo de eliminar dicha distorsión. Caso contrario, de permanecer la ten­dencia actual, se necesitará llegar al año 2079 para lograr idéntico resultado . . 

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Esto es absolutamente inaceptable. La propuesta que contiene este trabajo es tratar de lograr algo razonable, sin abandonar el gra­dualismo, y consiste en tardar en eliminar este "exceso de peso" del Estado en el doble del tiempo que se tardó en originarlo. Esto es el presupuesto de 1982

Areas de responsabilidad

La responsabilidad en la reducción de los gastos del Estado es competencia de todos y cada uno de los organismos que lo componen,­ bajo el control de la autoridad superior. El Ministerio de Eco­nomía tiene una gran responsabi­lidad en todo lo que se refiere a las inversiones públicas, no así en los gastos corrientes. Si aceptamos el criterio de retrotraernos al pe­riodo 1967-1972, veremos que del 92 % del exceso de personal co­rresponde a provincias (79 %) y a municipios (13 %). Me parece in­justo cuando se cargan las críticas sobre la reducción del gasto públi­co exclusivamente sobre el Ministerio de Economía. Los objetivos de reducción de personal deberían ser:

 La disminución de 233.000 perso­nas en los planteles del personal del Estado, por realizarse durante tres años, no creará problemas de desocupación. El aumento de la desocupación sería del 2,2% si se pretendiera hacer abruptamente, lo cual elevaría la tasa anual a aproximadamente el 4%.

*cifras estimadas en base a datos de 1977 del Ministerio de Economía, sin tomar en cuenta las transferencias a provincias. Fuente: Mecon.