"La alternativa es volver a las fuentes" (Sobre las privatizaciones, El Cronista, 29 de enero de 1982)

 El Cronista, 29 de enero de 1982

En esta cuarta nota de la encuesta que realiza El Cronista Comercial sobre el tema de pri­vatizaciones, Miguel de Ororní Escalada, asesor económico, ex subsecretario de Economía Agraria, ex asesor de la Junta Nacional de Granos, explicó que se debería retornar a las fuentes, es decir a las razones fundamentales que originaron la organización política a partir de 1853. Opina que existen tres formas de privatizar, contemplando los roles del Es­tado, del empresario y del accionista.

- ¿Deberían ser privatiza­das las empresas del Estado?

- Antes de hablar sobre pri­vatizaciones, resulta conve­niente enunciar los roles. del Estado, porque naturalmente, las funciones que le competen directamente no deberían pri­vatizarse.

- ¿Cuáles son esas fun­ciones?

- Las funciones esenciales que no pueden ser privatizadas son fundamentalmente la justi­cia y la seguridad exterior e in­terior.

- Existen algunos argu­mentos a favor de una activa participación estatal en la pro­ducción de ciertos productos, como el petróleo o de ciertos servicios, como la banca, por razones de seguridad nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto?

- Efectivamente existen esos argumentos, aunque lo que habría que· considerar es si son válidos. Creo que existen argumentos basados precisamente en razones de seguridad nacional que proponen exactamente lo contrario. Lo que se necesita en una coyuntura de extremo peligro es que las co­sas funcionen, y eso no se puede lograr cuando la pro­ducción o prestación de servicios están en manos del Estado. Ello no se debe a que sus empleados sean ineficientes, sino porque trabajan en un sistema intrínsecamente inefi­ciente. Es que el aparato estatal no está hecho para admi­nistrar eficiencia, sino para otros fines.

- ¿Es decir que una empre­sa en manos privadas es más eficiente que cuando opera en la órbita estatal?

- Exacto. El Estado es un órgano que tiene otras funciones; su objetivo principal no es la eficiencia, sino es otro. Esa es la razón principal para que la actividad privada libre resulte siempre más eficiente.

- Suponiendo que las empresas que se encuentran en manos del Estado forman parte de lo que usted llama la función del Estado, ¿debería la Argentina resignarse a mantener su nivel actual de déficit?

- No sólo eso, tendría un dé­ficit cada vez mayor, porque la ineficiencia en la asignación de recursos es tal que, si se quiere mantener un ritmo de progreso mínimo, hay que realizar cada vez mayores inversiones, fren­te al despilfarro que se produce en la asignación de recursos. Y eso lleva a un déficit cada vez mayor, es inevitable.

- ¿Cuál es la alternativa que tiene hoy la Argentina?

- La alternativa no es otra que la de volver a las fuentes; a las razones fundamentales que originaron nuestra organización política a partir de 1853. Todo este problema no es nuevo. Durante el año 1853 teníamos un sistema totalita­rio, con una amplia cantidad de regulaciones, provenientes de la legislación hispánica que los gobiernos patrios no elimina­ron. 

Ese año se reformaron completamente, y se produjo la verdadera independencia. Si bien es cierto que nuestra inde­pendencia política se hizo en el año 1816, los individuos continuaron dependiendo de la antigua reglamentación hispánica. 

Nuestra Constitución de 1853, está basada fundamentalmen­te en las ideas de la generación de 1837; de hombres como Alberdi, Echeverría, Marcos Sastre, Miguel Cané, o Gutiérrez. Por eso me parece de una increíble mala fe que las concepciones liberales sean til­dadas de antinacionallstas; es igual que decir que nuestra Constitución es antinacional. Los principios fundamentales de política hay que aplicarlos a través de nuestra Ley Funda­mental. Hay que aplicar el artículo 14 de la Constitución que establece la libertad de industria de trabajo, de comer­cio. Hay que aplicar los artícu­los 17, 20 y 25. Hay que volver a poner en vigencia el modelo filosófico de la Constitución Na­cional, que establece los princi­pios y las ideas orientadoras del verdadero modelo nacional.

El resto es lo antinacional, es decir lo antiliberal y lo anticonstitucional.

- Entonces ¿hay que hacer la privatización?

- Hay que hacerla, y a fon­do, no sólo por razones económicas. sino que fundamentalmente, por razones políti­cas. Creo que es imposible lograr un acuerdo político con el actual tamaño del Estado.

- Algunos sostienen que privatizar es sinónimo de de­socupar. ¿ Cuál es su opinión ?

- Pienso que es lo contrario. A medida que se haga, la mano de obra global debería aumen­tar, pues existiría la posibili­dad de hacer muy buenos nego­cios, que hoy están totalmente paralizados.

- ¿Cómo se puede privati­zar con el actual contexto económico?

- Existen diferentes formas; no hay una receta aplicable a todas las empresas. De cualquier forma, pero co­mo primer paso, nadie puede privatizar si no existe la volun­tad política clara para hacerlo.

La segunda condición es la elección de los hombres, quienes deben estar absolutamente convencidos de que se debe privatizar. Esos funciona­rios deben tener un estímulo para hacerlo. Debe desapare­cer la figura de aquéllos que se quedan para ganar más. Una forma de evitarlo podría ser la privatización a destajo, por ejemplo.

- ¿ Cuáles son las formas que podrían instrumentarse para privatizar?

- Estimo que existen tres. La primera es la de incremen­tar la participación de los ofe­rentes privados dentro de cier­tos mercados, eliminando las obstrucciones que dificultan hoy esa posibilidad. Eso se puede instrumentar, realizando una lista de las prohibiciones contrarias al art. 14 de la Constitución Nacional, que impiden la libertad de comer­cio y de industria. Eso es mucho más fácil que la venta del activo total. 

La segunda posibilidad es la venta total, o el alquiler. Para ello es necesario que los empre­sarios se vean motivados, y pa­ ra ello se podrían tomar algu­nas medidas adicionales.

- ¿Cuáles son esas medi­das?

- La primera sería la de transformar a todas las so­ciedades del Estado en socieda­des anónimas, regidas por el derecho común, eliminando la garantía implícita que existe sobre toda empresa estatal por pertenecer al Estado. Algunos pueden opinar que no se puede hacer en todos los casos, y a partir de allí, podrían analizar­ se las excepciones.

- Usted mencionó un tercer camino para privatizar

- El tercer camino sería el manejo por parte de los parti­culares de las acciones de las empresas estatales. Aquí creo que caben dos posibilidades:­ una es vender la acción y otra es la enajenación de los activos de las empresas. La venta de acciones es una alternativa. La segunda alternativa (que me parece la más factible desde el punto de vista político y económico) es la de asimilar esa acción al voto, es decir al voto que tienen los argentinos en periodos normales. Estimo que existe otra forma de votar. 

Concretamente sería que los ciudadanos voten al Poder Eje­cutivo por un lado, y por el otro, voten a los funcionarios de las empresas que hoy están en manos del Estado. Esa forma de votación podría canalizarse a través de la tenencia de una acción por ciudadano. 

Por supuesto que en este caso el voto no sería obligatorio, pero los accionistas concurrirían a las asambleas, o emitirían su opinión en el mercado, vendiendo o comprando acciones de las sociedades que están bien o mal administradas. 

La ventaja más importante sería que una porción enorme del Poder Ejecutivo se vería democratizada. El mecanismo se podría instrumentar a través del mercado de capitales y eso es perfectamente posible. Todas las sociedades del Estado ya tienen sus acciones, tienen sus balances y simplemente habría que entregar una acción a cada uno de los votantes. Ello otorgaría múltiples ventajas. Se podría instrumentar el esquema en el corto plazo, sin grandes esfuer­zos. Además es un sistema acorde con el derecho a la propiedad: cada persona tendría su acción. Cuando vote, va a tener sumo cuidado, pues una mala decisión se vería reflejada al día siguiente en la cotización de las acciones dentro de la Bolsa. Esto con el sistema tradicional no existe, pero si se instrumenta, eliminaría de raíz el problema del Estado empre­sario y regulador.

En definitiva, existen muchas alternativas, que deben necesariamente cir­cunscribirse a la Constitución Nacional. 

Por ejemplo, cuando desempeñé el cargo de subsecretario de Economía Agra­ria de la Nación traté de "em­pujar" a la Ley de Granos, que tenía por objeto todo un programa de desestatización. En aquella época existían trabas que impedían el ingreso de ofe­rentes privados en un determi­nado segmento del mercado del almacenamiento. La reforma se hizo, y los oferentes privados comenzaron a participar en ese mercado. Entonces, si bien no se privatizó en el concepto tradicional, en la actualidad el 20 o el 30% del mercado está en manos de particulares. Evidentemente existen muchas al­ternativas y hay que estu­diarlas para cada caso