Reducir el gasto público significa privatizar (1980, La Nación)
Reducir el gasto público significa privatizar
(1980, LA NACION)
Esta idea puede parecer un poco extraña. Sin embargo, todos padecemos y conocemos las ineficiencias del Estado. ¿Que nos hace suponer que va a ser más eficiente en su propia eliminación o reducción que en cualquiera de las otras actividades que desarrolla?
Cuando se intenta un plan de reducción de las actividades del Estado en el fondo se reduce una actividad económica que, como cualquier otra, se siente con el mismo derecho a participar. No interesa aquí analizar la corrección o la incorrección de dicha conducta y sobre todo si sirve o no al interés general, que es el objetivo supremo al cual el Estado debe estar subordinado; lo evidente es que son seres humanos los que constituyen dicha actividad y actúan humanamente. Jamás harán nada para autoeliminarse. No es natural pedirle eso a una persona. En el mejor de los casos, se le puede pedir que no se queje, pero la “resistencia pasiva” siempre existirá.
Un administrador oficial, a quien le pagan poco, que está en el gobierno en muchos casos llamado a prestar una contribución al país, cuya empresa u organismo no puede quebrar, donde normalmente la competencia no le molesta, pues es un monopolio, donde no se beneficia con el lucro que obtiene de su gestión, cuyas más importantes decisiones deben ser objeto de consulta, en muchos casos por la vigencia de decretos firmados por gente que hoy está presa ¿qué incentivos tiene para reducir los gastos del Estado?¿Es acaso valorado por la comunidad como patriótico el despedir personal? La comunidad no valora a un administrador por la cantidad de gente que despidió sino por lo que logró mejorar el servicio, sin importar lo que haya gastado en ello.
Es por esto que los administradores tienden a gastar o invertir más en cada presupuesto. La reducción del gasto les trae problemas políticos y humanos. Corren peligro de ser considerados conflictivos y quizá que se le paralicen los servicios. En cambio, si logran un refuerzo del presupuesto lograrán mejorar o mantener su servicio específico y en consecuencia mejorará la valoración que de ellos tiene los usuarios.
La actitud del empresario privado es esencialmente diferente, aunque no compita. La esencia de su acción es la reducción del gasto y el ataque a los costos. El lucro o la posibilidad de quebrar son los motivos por los que se mueve.
Observado lo difícil que es reducir el gasto público bajo la administración estatal, los magros resultados logrados por el gobierno del Presidente Onganía y por el actual Proceso, llegamos a la íntima convicción que la única forma de hacerlo es privatizando. Privatizando el organismo o empresa de que se trate, se privatiza también la tarea de reducir el gasto público o por lo menos se facilita enormemente. Desaparece la causa principal, que impide reducir el gasto que es la ausencia de interés en encarar decididamente dicha tarea.
La privatización aportará la energía necesaria que hoy no existe para atacar el gasto público. Es tarea del Gobierno tratar de captar dicha energía y dirigirla en el sentido deseado. Se debe abandonar la idea de reducir el gasto público en forma directa, pues sencillamente se carece de esa energía.
Las funciones empresarias del Estado son todas privatizables, a menos que no se quiera o se demuestre lo contrario
Nada se pierde llamando a una licitación si ésta es declarada desierta, pero se gana mucho. Sólo así se sabrá si se puede o no privatizar. Para privatizar hay que agudizar el ingenio, tener cierta convicción y actitud esperanzada, parecida a la del pescador. Es -aunque no lo creo- posible que una gran empresa estatal como Ferrocarriles Argentinos no se pueda privatizar pero si se puede dividir y licitar cada ferrocarril por separado. Después de todo en 1946 había 19 compañías ferroviarias de las cuales 12 eran privadas, 6 pertenecían a la Nación y 1 a la provincia de Buenos Aires. También se puede privatizar una ruta determinada (caso Buenos Aires-Mar del Plata o Bahía Blanca-zona sorguera) o permitir que la actividad privada constituya nuevas compañías para usar las vías y la coordinación del tráfico, y a medida que dichas empresas vayan ocupando el mercado, la empresa estatal va desapareciendo gradualmente. En última instancia, cuando no se puede vender el activo se lo puede alquilar (caso elevadores de granos, dragas, maquinaria vial de municipalidades) para que los particulares, por concesión, presten el servicio, deduciendo de su facturación el precio del alquiler.
Definir lo que se puede privatizar en las áreas no empresarias del Estado
La privatización no finaliza con las empresas del Estado. Los ministerios nacionales y provinciales, las municipalidades, organismos descentralizados y cuentas especiales, deben ser objeto de una política global de privatización que podría producir resultados a corto plazo.
Así, se podrían privatizar muchas actividades, como por ejemplo la inspección, otorgando licencias de inspección a profesionales y controlando a los mismos con ayuda de los respectivos colegios profesionales. Los aviones, talleres de reparacion de vehiculos, los vehículos , la limpieza, la vigilancia, la auditoría contable y operativa, los servicios jurídicos, las obras sociales, el dragado y mantenimiento de caminos antes señalados, las grúas que llevan a los automóviles mal estacionados, así como muchas otras actividades a definir.
Con este criterio hay que conseguir las definiciones conceptuales que encajen dentro del principio de subsidiaridad, para luego dar las directivas globales concretas y controlar su cumplimiento.
Eliminación de actividades
Si bien el objeto central de ese trabajo es convencer al lector que sin privatización no hay posibilidad alguna de reducir el gasto público, creo que la eliminación de actividades oficiales puede ser también una solución, aunque de menor importancia.
Para ubicarse en el tema, conviene destacar que es muy difícil eliminar actividades innecesarias. Por lo general existe alguna necesidad de ellas. Las necesidades del hombre son ilimitadas y no se puede económicamente satisfacer a todas. Hay que optar por las más provechosas en función de las limitaciones globales establecidas que, como señalamos, implican la eliminación del exceso de gastos acumulado durante el periodo 1973-1975, para una primera etapa.
Hoy en día, la eliminación de funciones se hace más por inanición y éxodo de recursos humanos del Gobierno que por propia decisión oficial. El criterio de racionalización es el de ración y no de razón. Las actividades del Estado no se cuestionan sino que se convalidan año a año. La labor presupuestaria consiste en la proyección de la tendencia de los gastos, con menos de un por ciento, que disminuye la ración de cada dependencia oficial.
Comentario final
Estoy convencido de que el gasto público puede disminuir y la eficiencia aumentar en la medida que se privatice. Por el contrario, estoy convencido que el gasto aumentará o en el mejor de los casos permanecerá en el nivel actual en la medida en que no se privatice. Mi experiencia personal, chequeada con otros administradores de diversos organismos, indica que la productividad del trabajo en el Estado puede ser aumentada 8 veces en el promedio de las actividades y alrededor de 5 veces en las mejor organizadas, si las mismas se transfieren a manos privadas razonablemente eficientes y sin hacer inversiones.
El camino hacia una democracia moderna pasa por el saneamiento de nuestra economía. No hay en Occidente democracias modernas y eficientes que coexistan con economías decadentes como la nuestra. El saneamiento de nuestra economía encuentra su mayor obstáculo en el exceso de gastos del Estado y la ineficiencia de los servicios que presta. En el fondo, la solución no sólo depende de un adecuado enfoque ideológico y un acertado programa de acción sino también de la fuerza de voluntad, convicción y capacidad política para llevarlo adelante.